Mediante el reciente Decreto 306/2026 y resoluciones complementarias, el Ejecutivo avanza en la digitalización del sistema, la reincorporación de dispositivos antes prohibidos y la reactivación del plan de entrega voluntaria.
El Gobierno nacional ha consolidado una transformación estructural en la política de control de armamento en Argentina. A través de la actualización de la reglamentación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos (N° 20.429), las nuevas medidas buscan reducir la burocracia, fomentar la regularización de usuarios y actualizar la clasificación de materiales permitidos para civiles.
Los cambios implementados recientemente por el Ministerio de Seguridad y el Registro Nacional de Armas (RENAR) —organismo que reemplazó a la ANMaC en 2025— incluyen puntos críticos para los legítimos usuarios:
Simplificación Digital: Se puso en marcha el «CLU digital» para obtener la credencial de legítimo usuario de forma remota, junto con el sistema de «Tenencia por Transferencia Express» para agilizar la compra-venta entre particulares.
Reclasificación de Materiales: El Decreto 306/2026 redefine dispositivos previamente prohibidos. Los supresores de sonido (silenciadores) para uso en polígonos habilitados y las miras nocturnas o infrarrojas para actividades recreativas lícitas pasan a ser de uso civil condicional.
Fusiles Semiautomáticos: Se ratifica la habilitación para que civiles adquieran armas semiautomáticas de calibre superior al .22 LR con cargadores de quita y pon, modelos que estuvieron restringidos para uso civil durante décadas.
Eliminación de Trabas Locales: Se suprimió la exigencia de presentar habilitaciones municipales para avanzar en trámites ante el organismo nacional, unificando el control bajo una sola autoridad jurisdiccional.
En el ámbito legislativo, el oficialismo logró avanzar en el Senado con el dictamen para prorrogar el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2027. Esta iniciativa permite la entrega anónima de armamento a cambio de un incentivo económico, buscando reducir el mercado ilegal que hoy se estima en más de 800.000 armas en situación irregular.
Mientras el sector de usuarios y entidades de tiro celebra la «desburocratización» de un sistema que consideraban obsoleto, sectores de la oposición y organizaciones civiles advierten sobre los riesgos de flexibilizar el acceso a armamento de alto poder de fuego. Por otro lado, provincias como Salta han comenzado a legislar de forma paralela para exigir el almacenamiento seguro en hogares con menores, imponiendo multas y arrestos ante incumplimientos.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la medida asegurando que el objetivo es «menos burocracia y más control», permitiendo que los ciudadanos que cumplen con la ley no sean «rehenes de trámites interminables» mientras se persigue el tráfico ilícito.
